June 14, 2021

Nunca resuelto, la cuestión de llevar el velo se refleja en Bélgica

La cuestión de llevar el pañuelo islámico en la cabeza está reapareciendo con fuerza en el debate político belga, tras un reciente fallo judicial. Vuelve a dividir a los principales partidos y a los distintos gobiernos del país. La posible inclusión del principio de laicismo en la Constitución del país es otro espantapájaros para el mundo político.

El 3 de mayo, el Tribunal Laboral de Bruselas condenó a la Société des transports intercommunaux de la ville-région (STIB) por “discriminación basada en convicciones religiosas y género”. Los magistrados habían sido sometidos a una denuncia presentada por una mujer que llevaba el pañuelo islámico en la cabeza, alegando que había sido excluida de un trabajo por ese solo motivo.

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Una orden severa, acompañada del pago de una indemnización de 50.000 euros para el primer empresario de la comarca, que hasta ahora basaba su política en la “neutralidad exclusiva” y por tanto prohíbe el uso de cualquier signo político o religioso. y filosófica para sus cerca de diez mil empleados, de cien nacionalidades distintas.

“Neutralidad inclusiva”

Lógicamente, la dirección general de la empresa debería haber interpuesto recurso, como le aconsejó su abogado. Creyendo que el tema es especialmente delicado, nunca se ha resuelto, a pesar de tres décadas de vacilaciones, prefirió, sin embargo, someterlo a su comité de gestión, en el que están representados los partidos políticos que integran el Gobierno regional.

Conclusión: un poco más de confusión. El comité se dividió: tres votos, socialistas y ambientalistas, para renunciar al recurso, tres a favor del mismo, a saber, los representantes de la dirección y de otro partido en el poder, el Demócrata Federalista Independiente (DéFI, centrista). El voto del presidente de la comisión, un ecologista flamenco, contaba el doble, sin embargo, la empresa admitió el juicio de primera instancia y ahora se alineó con el principio de “neutralidad inclusiva”. Y así a la tolerancia con respecto al puerto del velo.

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Esto fue sin tener en cuenta la intervención del comisario del gobierno regional, funcionario que actúa como enlace entre la autoridad de control y el organismo público. Este representante del Partido Liberal Flamenco -también miembro de la mayoría- ha interpuesto, según lo permite la ley, un recurso suspensivo contra una decisión considerada contraria al interés general. Es pues, a partir de ahora, el gobierno regional, una coalición colorida y totalmente dividida, que tendrá que decidir la cuestión, antes del 21 de junio. Está amenazada con estallar – DéFI indica que, en caso de no apelar la ordenanza, lo hará déjalo – y el gobierno federal, compuesto de una manera bastante similar pero que también incluye al Movimiento de Reforma (MR, francófona liberal de derecha) es él. también envuelto en polémica.

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